Ha sido designado juez de garantías en el procedimiento abierto por la Fiscalía Europea.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha sido designado juez de garantías en la investigación abierta por la Fiscalía Europea sobre los contratos firmados por los Gobiernos de Baleares y Canarias con la presunta trama corrupta liderada porKoldo García.
Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, García Castellón tutelará las diligencias secretas de la Fiscalía de la Unión Europea centradas en las adjudicaciones realizadas por vía directa y trámite de urgencia por parte de los gobiernos de los socialistas Ángel Víctor Torres y Francina Armengol en los peores momentos de la pandemia del Covid-19 a la empresa Soluciones de Gestión S.L. No obstante, el peso de las pesquisas corresponde a los fiscales europeos que son los que dirigen la investigación.
En los últimos meses, este juez se ha convertido en una bestia negra para el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts después de haber remitido los indicios por terrorismo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont al Tribunal Supremo en la causa de Tsunami Democràtic. De hecho, el magistrado ha sido insultado desde la tribuna del Congreso de los Diputados por los portavoces de las fuerzas independentistas por investigar a Puigdemont y la dirigente de ERC, Marta Rovira.
En la investigación de los contratos de Baleares y Canarias, el instructor de la Audiencia Nacional ejercerá las funciones de control jurisdiccional vinculadas a la adopción de medidas de investigación restrictivas de derechos fundamentales o a la adopción o ratificación de medidas cautelares adoptadas con carácter urgente. Como juez de garantías asignado por turno de reparto, a Manuel García Castellón le corresponderá también adoptar las medidas de protección de testigos y peritos que procedan a instancia del fiscal europeo delegado, entre otras cuestiones.
LA MALVERSACIÓN
La investigación abierta por la Fiscalía Europea se centra en la supuesta malversación de fondos comunitarios con los contratos suscritos por los Ejecutivos de la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol y el ministro Ángel Víctor Torres. Además, fuentes fiscales explican que como delitos conexos a la malversación se investigan la prevaricación y el tráfico de influencias.
La fuentes consultadas indican que a partir de ahora habrá dos procedimientos que transcurrirán en paralelo sobre los contratos firmados con la mercantil investigada Soluciones de Gestión. Por un lado, la causa abierta en la Audiencia Nacional a raíz de la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción, centrada en la operativa de la trama corrupta puesta en marcha desde el Ministerio de Transportes, y, por otro, la investigación incoada ayer en la Fiscalía Europea que estará centrada en investigar la posible malversación de fondos comunitarios.
Esta segunda investigación será dirigida por los fiscales de este último departamento aunque a la hora acordar diligencias especialmente lesivas con los derechos fundamentales se necesitará el visto bueno del magistrado García Castellón.
Comentarios