El TSJ avala la petición del Gobierno valenciano e impone restricciones a la circulación en la capital y 31 localidades más entre la 1 y las seis de la madrugada. Las reuniones quedan limitadas a diez personas en espacios públicos y privados en toda la Comunidad. La medida estará en vigor los próximos 14 días
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) avala la petición del Gobierno Valenciano de recuperar el toque de queda y limitar las reuniones sociales, públicas y privadas, a un máximo de diez personas en toda la comunidad ante el riesgo epidemiológico desatado en las últimas semanas. De esta forma, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo vuelve a posicionarse al lado del Ejecutivo de Ximo Puig y autoriza a que la movilidad nocturna quede restringida entre las 1 y las 6 horas en Valencia capital y otras 32 localidades de más de 5.000 habitantes durante los próximos 14 días.
La Sala considera que son medidas "equilibradas" que cumplen el "juicio constitucional de proporcionalidad" y que responden al crecimiento exponencial de contagios, el aumento de hospitalizaciones, la expansión de la variante Delta y la "situación cercana al colapso que se está ya produciendo en los centros de Atención Primaria". Asume así la tesis que Sanidad presentó en su informe sobre la situación epidemiológica y no es la primera vez que lo hace. El Alto Tribunal valenciano ha respaldado cada una de las restricciones que el Consell ha ido proponiendo durante la pandemia, como también la Fiscalía, que no se ha opuesto.
Los municipios afectados por el toque de queda son Valencia, Gandía, Alacuás, Alboraya, Aldaia, Almàssera, Benaguasil, Benetússer, Benifaió, Buñol, Burjassot, Catarroja, El Puig, L'Eliana, Meliana, Mislata, Moncada, Paterna, Picanya, Picassent, Puçol, Quart de Poblet, Requena, Riba-roja, Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Utiel, Villamarxant y Xirivella. En Alicante, San Vicente del Raspeig, y en Castellón Benicàssim.
El TSJ entiende que estas restricciones encuentran suficiente cobertura normativa en la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, aunque reitera que lo "deseable" sería una legislación específica para evitar "problemas interpretativos" y "contradicción de criterios". El auto recuerda que el Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente en dos sentencias sobre la suficiencia de la Ley 3/1986 para amparar limitaciones de derechos fundamentales, siempre que su justificación esté a la altura de la intensidad y extensión de la restricción de derechos fundamentales de que se trate. En el caso ahora analizado, los magistrados aseguran que las medidas propuestas por la Conselleria de Sanidad Universal cumplen los requisitos para su adopción que establece la doctrina del Tribunal Supremo.
Son medidas necesarias e idóneas -precisa el TSJCV- para interrumpir la propagación del SARS-Cov-2, pues "atañen al marco de las relaciones sociales y el ocio nocturno no reglado", que son las principales causas de contagios. Así, la limitación a la circulación nocturna presenta una eficacia mucho mayor que otras medidas existentes para "intentar impedir la actividad de ocio nocturno conocida como botellón", añade la Sala, y así se refleja en un informe elaborado por la Comisaria Jefa de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Valenciana, que se adjunta a la solicitud de autorización.
"La experiencia práctica que ahora tenemos y se pone de manifiesto en las justificaciones de referencia es que medidas más laxas que las que aquí se trata no han funcionado correctamente en relación al objetivo evidente que se persigue", recoge la resolución judicial.
En cuanto a la limitación a un máximo de diez personas de las reuniones sociales y familiares, tanto en espacios públicos como privados, el Tribunal apunta que está "cohonestada y resulta acompasada con el resto de medidas sanitarias adoptadas por la Administración". Este punto ha provocado que uno de los miembros de la Sala haya emitido un voto particular. Entiende que extender la limitación de reunión a toda la Comunidad, y no solo a los municipios con mayor riesgo de transmisión, supone "superar el canon de propocionalidad".
La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha valorado muy positivamente el auto del TSJ porque "se hace necesario adoptar estas medidas encaminadas a proteger la salud de la ciudadanía". "La situación epidemiológica no es la que nos gustaría y, por tanto, el gobierno valenciano ha decidido actuar de forma contundente para frenar la cadena de contagios".
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