El vicepresidente del Gobierno advierte de que es "una mala noticia" y defiende el "compromiso con la democracia" de los líderes del 1-O
El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este martes que ve "una mala noticia" la suspensión del tercer grado de cinco presos condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre, entre los que se encuentran el líder de ERC, Oriol Junqueras, además del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el ex presidente de la ANC, Jordi Sànchez.
En varios mensajes publicados en redes sociales, recogidos por Europa Press, Iglesias ha defendido "el compromiso con la democracia y el diálogo" de los cinco presos a los que se les ha suspendido el régimen de semilibertad. "He visitado a los cinco en prisión y no albergo ninguna duda sobre su compromiso con la democracia y el diálogo aunque no comparta en absoluto su proyecto", ha señalado.
El líder de Podemos no ha entrado a valorar "la calidad jurídica de una decisión judicial", aunque "políticamente", ha dicho, la "suspensión de la semilibertad de los presos independentistas es una mala noticia" para los que defienden el diálogo con Cataluña "para afrontar el conflicto en el marco legal vigente".
En este sentido, Iglesias ha explicado que sospecha que "muchos ciudadanos en Cataluña y en el conjunto de España volverán a tener la sensación de que la justicia no siempre es igual para todos". "Que esa sensación se abra paso es malo para nuestra democracia", ha lamentado.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña ha aceptado este martes suspender el tercer grado de cinco de los presos del 1-O a raíz del recurso presentado por la Fiscalía Provincial de Barcelona.
En cinco providencias consultadas por Europa Press, la titular del juzgado acuerda, como ha pedido el fiscal, que el recurso tenga efectos suspensivos y tramitarlo de forma preferente y urgente.
La decisión afecta también a a los ex consejeros Raül Romeva y Joaquim Forn, mientras que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 deberá posicionarse sobre el recurso que afecta a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell.
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