El Tribunal de Justicia Europeo sostiene además que la reforma judicial polaca no encaja en el ordenamiento europeo. A pesar de todo, Varsovia y Budapest se reafirman en sus decisiones
El fallo desfavorable del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) a la reforma judicial polaca y la decisión posterior de la Comisión Europea de abrir expedientes sancionadores a ese país y a Hungría por violar los derechos fundamentales de la comunidad LGTB+ parecen haber caído en saco roto. Varsovia y Budapest se reafirman.
"Algunas instituciones acusan a Poloniade politizar la elección de jueces; ¿Cómo calificar entonces, el caso alemán, en el que son los políticos y no otros quienes eligen a los jueces?", se preguntó el primer ministro polaco, Morawiecki tras el pronunciamiento del TJUE, que, por sintetizar, sostiene que la reforma judicial polaca promovida por el ultranacionalista partido Ley y Justicia (PiS) no encaja en el ordenamiento europeo.
Según Morawieck en Polonia existe "un procedimiento, que es el del Consejo Nacional de la Judicatura y es casi idéntico al español, por lo que si el sistema español ha estado en funcionamiento durante tantos años y no ha molestado a nadie, tampoco debería molestar el polaco. Lo contrario es discriminación y eso es algo que no puedo aceptar".
El primer ministro polaco defendió así el fallo del Tribunal Constitucional (TC) de su país, que el miércoles declaró incompatibles con la Constitución nacional las medidas impuestas por el TJUE contra el régimen disciplinario de los jueces polacos.
Tampoco se vislumbra propósito de enmienda en el titular de Justica, Zbigniew Ziobro, para quien el fallo del TJUE es una "sentencia política que responde a las peticiones de la Comisión Europea", "esconde un pensamiento colonial" y "divide a los Estados miembros entre buenos y malos".
"VIOLACIÓN DRÁSTICA DE LAS OBLIGACIONES DE UN ESTADO MIEMBRO"
En su fallo, el TC de Polonia afirmó que "los jueces polacos no se convierten en jueces de la Unión Europea" en aplicación de la legislación comunitaria y estimó que la Sala Disciplinaria polaca -en el centro de la controversia con la Justicia europea - es la única con potestad sancionadora en el cuerpo judicial del país. En otras palabras, Polonia se declara soberana en materia de Justicia.
Los ex jueces del TC advirtieron recientemente que contradecir el TJUE "sería una violación drástica de las obligaciones de un estado miembro y un paso más hacia la salida del país de la UE". El defensor del pueblo polaco de derechos humanos, Adam Bodnar, dijo que el caso "golpea el corazón mismo de la UE" y podría conducir a "una salida del estado de derecho" y la desvinculación de facto de Polonia de la legalidad europea. Bodnar ha sido cesado este jueves.
El TJUE estimó que el proceso de nombramiento de los jueces del TC polaco, incluidos los miembros de la denominada Sala Disciplinaria, depende en gran medida del Consejo Nacional de la Judicatura, cuya estructura ha sido modificada por el Ejecutivo polaco de manera que su independencia está condicionada. La Sala Disciplinaria Judicial polaca, creada en 2017, depende del Tribunal Supremo y tiene el poder de sancionar o suspender a cualquier juez del país incluso por el contenido de sus sentencias.
En abril del año pasado, el TJUE suspendió provisionalmente las actividades de ese organismo a petición de la Comisión Europea, pese a lo cual la instancia polaca siguió ejerciendo sus funciones.
Este miércoles la vicepresidenta del tribunal europeo con sede en Luxemburgo, Rosario Silva de Lapuerta, volvió a exigir a Polonia que dejase sin efecto las decisiones adoptadas hasta ahora por la Sala Disciplinaria y que cesase "inmediatamente" de actuar.
El ministro polaco de Educación, Przemyslaw Czarnek, respondió que el requerimiento de Lapuerta "no significa nada en absoluto" y que "la señora Lapuerta podría prohibirme respirar; no hay base legal para que una mujer soltera en algún lugar de Europa prohíba la aplicación de leyes aprobadas democráticamente por una mayoría elegida democráticamente".
DISCRIMINACIÓN DE LA COMUNIDAD LGTB
La decisión de la Comisión de abrir expedientes sancionadores a Polonia y Hungría por adoptar medidas discriminatorias contra la comunidad LGTB ha dejado igualmente fríos a los gobiernos nacionalistas instalados en esos países.
Bruselas "no tiene voz" sobre la ley anti-LGBT en Hungría y no tiene que "interferir" en áreas de competencia nacional", declaró Gergely Gulyas, jefe de gabinete del primer ministro Viktor Orban, tras anunciarse esa decisión. Gulyas advirtió a la UE de que interferir en las áreas cubiertas por las constituciones nacionales podría hacer añicos el conjunto y acusó a la Comisión de seguir un razonamiento más político que jurídico.
La ley adoptada por el Gobierno Orban vinculando homosexualidad y pederastia y prohibiendo el acceso a información sobre homosexualidad y transgénero a menores de 18, incluido en colegios, no da lugar a dudas. Hasta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen se desvió de la corrección para calificarla de "vergüenza".
En el caso de Polonia, la Comisión decidió actuar ante la inacción del gobierno contra las llamadas "zonas libres de ideología LGTB+". La UE considera que esas "zonas", implementadas en 2019 por municipalidades y regiones de Polonia, se pueden considerar una "violación de la legislación europea sobre no discriminación con base en la orientación sexual".
Según la Comisión, Polonia ignoró además varias peticiones para ofrecer detalles de la base legal de esas zonas, y de esa forma violó su compromiso de "cooperación sincera" con las instituciones europeas.
"La igualdad y el respeto por la dignidad y los derechos humanos son valores fundamentales de la UE y la Comisión utilizará todos los instrumentos a su disposición para defender estos valores ", adelantó la Comisión Europea en un comunicado.
Hungría y Polonia tienen dos meses para responder a las alegaciones de la Comisión Europea, que lo contrario, podrá remitir estos al TJUE.
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