La madre de Maracena condenada por fugarse con sus hijos tendrá un horario de salidas y tendrá que pasar dos fines de semana al mes en el Centro de Inserción Social
Juana Rivas tendrá que pasar algo más que cuatro días privada de libertad. Eso es, hasta ahora, lo que la madre de Maracena había cumplido de los dos años y medio de cárcel a los que fue condenada por fugarse con sus dos hijos en 2017, después de que Instituciones Penitenciarias le concediese, en un tiempo récord, un tercer grado que, en la práctica, era una libertad condicional que le había permitido cumplir la pena en su propio domicilio.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Granada le ha enmendado la plana a Prisiones y ha anulado, en parte, el régimen penitenciario tan favorable del que disfrutaba Rivas y que implicaba no pisar el Centro de Inserción Social (CIS) de Granada en el que entró para cumplir la pena.
Ahora, sí tendrá que pasar tiempo encerrada, aunque será el propio CIS el que determine las horas concretas en las que Rivas tendrá que estar allí. Eso será de lunes a viernes, porque el juez también ha establecido que solamente tendrá permiso uno de cada dos fines de semana.
Rivas deberá ingresar de nuevo en el CIS Matilde Cantos algo que su abogado defensor, Carlos Aranguez, ya ha avanzado que cumplirá "rigurosamente" aunque ha anunciado también que usarán todas las vías legales para corregir una situación que considera "enormemente injusta". Hay que tener en cuenta que el auto dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Granada no es firme y que cabe recurso.
De la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, llama especialmente la atención la crítica, contundente, que el magistrado hace al régimen penitenciario que se le estaba aplicando a la condena al amparo del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, que le permitía prácticamente no pisar el CIS.
Dice el juez en el auto que la aplicación de este artículo a Juana Rivas no está de ninguna manera justificado. "No existe ni una sola razón laboral, personal, tratamental o familiar que permita o tan siquiera aconseje la aplicación de un régimen de vida que se asemeja por su alta cota de libertad a la libertad condicional", dice el juez Pedro Andrés Joya.
En lugar de ese artículo, y con el objetivo de "lograr el efecto intimidatorio de la pena", establece que se le aplique un artículo menos favorable, el 82.1, con un horario que tendrá que establecer el CIS y restringiendo las salidas de fine de semana "a dos al mes".
Más aún, le impone a Rivas la obligación de que se someta a un programa de tratamiento específico al objeto de conseguir la "plena concienciación de los derechos de la infancia en toda su amplitud y el escrupuloso respeto que debe presidir toda actuación en las relaciones paterno filiales", al tiempo que recordarle a la condenada que las resoluciones judiciales están para cumplirse.
El juez estima así, pero solo parcialmente, el recurso que había presentado la Fiscalía contra el régimen penitenciario del que se estaba beneficiando la madre de Maracena, que estuvo 14 meses desaparecida con sus dos hijos para impedir que se fueran con su padre.
CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA EXPRÉS
El auto confirma el tercer grado que Prisiones había decidido otorgarle a Rivas, aunque modifica sustancialmente sus condiciones y las endurece con una crítica nada velada a los beneficios extraordinarios que se le habían dado de forma exprés. De hecho, como señala el mismo auto, Rivas ingresó en el CIS de Granada el 11 de junio pasado y su clasificación en tercer grado se produjo en tres días, el 14 de junio, aplicándole el artículo más favorable posible con control telemático y sin pisar el centro penitenciario.
En este sentido, justifica el tercer grado en que es una pena inferior a los cinco años a pesar de que los hechos por los que fue condenada, añade, son "objetivamente graves" y apunta, además, que ha asumido su "responsabilidad delictiva" y se muestra arrepentida, tal y como señala el informe psicológico. Pero, subraya, "el tercer grado no supone la suspensión, condonación, indulto o cualquiera otra institución que suponga el no cumplimiento de la condena". Simplemente, corrige el magistrado, supone que esa condena se cumpla "en el modo adecuado a las circunstancias del interno".
La Fiscalía había pedido que se le revocara el tercer grado por entender que Juana Rivas "no asume el carácter delictivo de los hechos por los que cumple condena" y por tanto "no puede hablarse de una evolución favorable al régimen de semilibertad", y pidió que se le clasificara en segundo grado penitenciario, aunque el juez no ha accedido a este extremo.
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