Bolaños anuncia la exhumación de Primo de Rivera tras aprobar la norma en el Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Ley de Memoria Democrática. La norma, impulsada por la ex vicepresidenta Carmen Calvo, introduce el delito de apología del franquismo, establece duras sanciones a quienes exalten la Guerra Civil o la dictadura y extinguirá la Fundación del Valle de los Caídos.
El Gobierno cree que con esta norma se garantiza no volver a "repetir" etapas "negras" del pasado como la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Además, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha cargado contra el PP por no apoyarla: "Ninguna formación democrática debería tener ningún problema con una ley que lo que hace es homenajear a víctimas de una dictadura".
Según ha detallado el nuevo ministro de Presidencia en la rueda de prensa posterior al Consejo, la norma incorporará la posibilidad de clausurar "las fundaciones que inciten al odio o enaltezcan la dictadura" o "humillen a las víctimas", lo que abre la vía acabar con la Fundación Franco, pero no de manera "inmediata", ha reconocido el ministro. En todo caso, no serán consideradas "de utilidad pública" las asociaciones que hagan apología del franquismo.
El texto, que se envía ahora al Congreso de los Diputados, introduce algunas modificaciones en la redacción de algunos artículos, tras el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque el Gobierno no comparte la idea del CGPJ de que las asociaciones y los actos públicos profranquistas están amparados por la libertad de expresión, siempre que no humillen a las víctimas. Por eso han modificado la redacción relativa a la extinción de las fundaciones que hacen apología de la dictadura.
Bolaños ha explicado que, en virtud de la norma, se creará "una Fiscalía de Sala de memoria democrática, que investigará violaciones e impulsará la memoria de las víctimas". Es decir, "para investigar los crímenes que se produjeron en la dictadura", a pesar de que no se pueden aplicar penas actuales a delitos previos a la promulgación de las normas penales vigentes y a pesar de la Ley de Amnistía de 1977. Pero esa Fiscalía sí servirá para poder determinar la "autoría" de los delitos y que ello restituya la memoria de las víctimas.
Para las infracciones que se pudieran cometer a partir de la aprobación de la nueva ley, el régimen sancionador de la norma establece multas desde 200 a 150.000 euros. Esta última se aplicaría a quienes cometan el nuevo delito de apología del franquismo y, además, destrocen fosas, por ejemplo.
Sobre la tramitación parlamentaria, el ministro ha interpelado directamente al PP y ha pedido "unanimidad" en la votación del Congreso. Hay que recordar que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado que el Gobierno esté centrado en "mirar atrás" con la Ley de Memoria Democrática y no se ocupe de los "muchos problemas" que tienen en el momento presente los españoles, como el hecho de que el precio de la luz esté en máximos históricos.
A su entender, "mirar hacia atrás" no va a dar "ni futuro ni esperanza". Bolaños le ha respondido que el Ejecutivo está "abierto a mejorar la ley". Se trata de un mensaje dirigido también a ERC y la CUP, que creen que la norma se queda "corta".
El nuevo ministro de Presidencia ha explicado que el primer "eje" de la norma es "poner a las víctimas en el centro de la acción política del Gobierno". Así, se consideran ilegítimas y nulas todas las sentencias de los tribunales de excepción de aquella etapa "negra" de la Historia de España, ha detallado. Es "la primera vez que una ley repudia y condena el golpe y la dictadura", ha defendido Bolaños
Para honrar a los asesinados y represaliados, se crean dos días de las víctimas del franquismo: 31 de octubre y 8 de mayo, el día de las personas exiliadas. "Conseguimos que seamos un país más digno porque ayuda más a las víctimas. Es una ley que nos hace mejores como país", ha subrayado.
El segundo eje será "poner en valor el papel de las mujeres" como protagonistas de "la recuperación de la democracia" en España y reconocer su papel "agravado" de víctimas. "Queremos que esta ley se para ellas un homenaje". Y el tercero es, según Bolaños, dar "importancia al movimiento memorialista".
La norma creará un banco nacional de ADN para que las familias puedan conocer dónde están los restos de sus familiares represaliados y un centro de documentación en Salamanca. Asimismo, se articula un nuevo Consejo Interterritorial para coordinar a las comunidades y el Gobierno. Asimismo, el Ejecutivo hará un inventario de bienes expoliados por el franquismo. Además, la memoria democrática será un contenido curricular en la educación.
El texto legal impulsa la "resignificación del Valle de los Caídos". "No podrá haber ningún cuerpo de ninguno de los protagonistas en ningún lugar primordial del Valle", ha subrayado Bolaños. Esto hará que se saque de la basílica a José Antonio Primo de Rivera, enterrado cerca de donde estaban los restos del dictador. "Obviamente, hablaremos con la familia antes de exhumarlo", ha añadido.
Otro de los puntos que ha detallado el ministro es que "se les quitarán los títulos nobiliarios a quienes se les concedieron por su participación en la Guerra Civil".
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