El Alto Tribunal concluye que la limitación de derechos fundamentales fue tan intensa que sólo tenía cobertura bajo el estado de excepción
El Tribunal Constitucional ha acordado este miércoles anular la restricción más dura impuesta durante el primer estado de alarma, el confinamiento domiciliario. Tras semanas de debate y un primer pleno en el que no se pudo llegar a una decisión, un tribunal dividido -seis votos a cinco- se ha inclinado finalmente por considerar que la intensidad de la limitación al derecho a la libre circulación excedía lo que se puede acordar bajo el paraguas del estado de alarma.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González-Trevijano, sostendrá que la limitación de algunos derechos fundamentales fue tan intensa que, en realidad, se trató de una suspensión, algo que sólo cabe dentro del estado de excepción.
La ley prevé un mayor control parlamentario sobre el Gobierno en el estado de excepción, cuya declaración debe recibir el aval de las Cortes con antelación y no con posterioridad como en el estado de alarma.
El TC estima así un recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox. Lo hace, sin embargo, de forma parcial, según fuentes del tribunal. La sentencia rechaza partes del recurso como la que también consideraba inconstitucional la limitación a la actividad económica, algo que hubiera abierto la puerta a reclamaciones económicas de negocios y empresas al Estado.
En ese caso, el TC considera que las limitaciones fueron más suaves y no llegaron a suponer una suspensión de facto. Ese razonamiento se aplica, además de a la actividad empresarial, a lo sucedido con el derecho de manifestación y a la educación, también señalados en el recurso de Vox.
Según quedó reflejado en la primera deliberación, la sentencia establecerá que las medidas más duras del Gobierno de Pedro Sánchez estaban justificadas desde el punto de vista sanitario. Eran idóneas y proporcionadas y estaban alineadas con las adoptadas en otros países y las propuestas desde organismos internacionales.
Sin embargo, la vía jurídica para aplicarlas no fue la correcta. El estado de alarma no permitía suspender derechos como la libre circulación o a establecer la residencia en el lugar del territorio español que se desee.
EL VOTO DE LA VICEPRESIDENTA
En la primera deliberación, las posiciones se dividieron en cinco magistrados respaldando la inconstitucionalidad de algunas restricciones y otros cinco que las avalaban.
La decisión estaba en manos del undécimo voto de la vicepresidenta, Encarnación Roca, que no acabó de pronunciarse. Este miércoles lo ha hecho y ha decantado la votación a favor de la inconstitucionalidad: seis votos frente a cinco.
Además de la vicepresidenta Roca y del ponente del asunto, han respaldado la inconstitucionalidad los magistrados Antonio Narváez, Ricardo Enríquez, Santiago Martínez-Vares y Alfredo Montoya, todos ellos del bloque conservador.
En contra han votado dos magistrados de ese bloque, el presidente Juan José González Rivas y Andrés Ollero, además de los progresistas Cándido Conde-Pumpido, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer.
Así pues, se han mezclado ambos bloques en la votación. Roca ha votado con el bloque conservador mayoritario y, de este, Ollero y el presidente han acompañado los votos progresistas.
NULIDAD DE LAS MULTAS
Según fuentes del TC, la decisión deja sin cobertura legal el millón de multas impuestas por incumplir el confinamiento. Fueron las impuestas en aplicación del artículo 7 del real decreto del estado de alarma, que exponía la "limitación de la libertad de circulación de las personas".
Cuando se publique la decisión del TC, los ciudadanos podrá reclamar su nulidad, salvo en los casos en que se iniciara un procedimiento contencioso y éste ya haya concluido de manera firme.
Según las mismas fuentes, lo mismo sucede con los procedimientos penales aún abiertos por desobediencia a las autoridades. Los que aún no estén cerrados en firme deberán concluirse con el archivo o la absolución.
El tribunal aún tiene pendiente resolver los recursos contra el segundo estado de alarma. En ese caso, las restricciones fueron menores y no había duda de que eran factibles en un estado de alarma.
Las dudas, en ese caso, están en la duración de seis meses sin apenas control parlamentario y en la delegación de la limitación de derechos a las comunidades autónomas.
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