El tribunal catalán sostiene que no es su misión fiscalizar a la Generalitat y el Ministerio dice que es el tribunal quien debe actuar de oficio
El Gobierno delega en la justicia y la justicia en el Gobierno. Con los políticos catalanes en pie de guerra, nadie quiere dar el primer paso para garantizar un 25% de castellano en las escuelas catalanas. El Ministerio de Educación renunció este miércoles a instar a la ejecución de la sentencia y dejó esta tarea en manos de los jueces. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dice que no actúa de oficio y que tiene que ser el Ejecutivo central el que haga cumplir la resolución judicial, ya que es el único personado a través de la Abogacía del Estado.
Si algo ha quedado claro, un día después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de la Generalitat de Cataluña contra la sentencia del TSJC que obliga a cambiar todo su modelo de inmersión lingüística, es que no va a ser fácil que el Govern la acate. En los próximos dos meses van a ser cruciales todos los guiños y movimientos que haga el Gobierno.
Si no insta a la ejecución de la sentencia, los nacionalistas interpretarán que respalda su modelo, que apuesta por no poner porcentajes fijos sino dejar que cada colegio haga lo que considere. Si insta, la Generalitat lo interpretará como una declaración de guerra.
Así que todo apunta a que la ministra de Educación, Pilar Alegría, no va a meterse en disputas y tendrán que ser las familias, una vez más, las que asuman una responsabilidad que les provoca un enorme desgaste.
LA RESPUESTA DEL MINISTERIO
"No corresponde al Ministerio hacer cumplir las sentencias, es el TSJC quien tiene que hacerlo", señalaron este miércoles fuentes del equipo de Alegría, que apelaron al artículo 103.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que dice que "la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los juzgados".
Pero fuentes del TSJC adelantaron, por su parte, que no van a ir fiscalizando que se cumpla la sentencia porque consideran que ya lo han hecho. Dicen que ellos no actúan de oficio: quienes tienen que poner de manifiesto el incumplimiento de la Generalitat son las partes personadas. En este caso, la única parte es el Gobierno, pues la Abogacía del Estado interpuso un recurso en 2015, cuando gobernaba el PP, en representación del Ministerio.
¿Y las familias no pueden hacer nada? Los padres que se sientan afectados podrían hacer una petición, responden las fuentes judiciales, pero tendrían que justificar y argumentar que ven vulnerados sus derechos y el TSJC tendría que admitirlo. La pelota está, por tanto, en el tejado del Gobierno.
Fuentes de Educación y del TSJC coinciden en que el procedimiento es que el Tribunal Supremo comunicará al TSJC la inadmisión del recurso y le devolverá el expediente completo. Una vez recibido, el TSJC tendrá que redactar una providencia de devenir firme, en la que se detalla que la sentencia se ha convertido en ejecutable.
EL PROTOCOLO A SEGUIR
Después tiene 10 días para comunicarle a la Generalitat que la sentencia es firme, "a fin de que, una vez acusado recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél".
Desde ese momento, la Generalitat puede pedir más aclaraciones al TSJC. Si el tribunal considera que la Administración autonómica dilata demasiado el proceso o hace demasiadas consultas para ganar tiempo, puede llamar al orden al Govern.
El artículo 104 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa explicita también que, transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia, "cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa". Ahí es donde entraría el Gobierno, según el TSJC.
Pero en el Ministerio aseguran que los jueces sí pueden actuar de oficio e investigar penalmente por un supuesto delito de desobediencia al consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray. Por eso confían en que el conseller acabe acatando. "El Gobierno no tiene duda de que las administraciones del Estado siempre cumplen con las sentencias judiciales", recalcan.
LA LLAMADA A LA MINISTRA
El propio Cambray llamó la noche del martes a Alegría para mostrarle su "preocupación" por la providencia del Supremo que ratifica la decisión a la que llegó hace un año el TSJC. La ministra "le aclaró que no corresponde al Ministerio hacer cumplir las sentencias".
Este miércoles, Cambray reveló el contenido de esa conversación y presumió de tener "garantías" de que el Gobierno no interferirá en el proceso e "instará a cumplir la Lomloe, que no habla de porcentajes", señalando la estrategia que tendría previsto seguir el Ejecutivo para permitir que el Govern pueda seguir imponiendo la inmersión, informa Víctor Mondelo.
Los nacionalistas han desplegado toda una ofensiva. El presidente catalán, Pere Aragonès, exigió al Gobierno una "clara defensa" de la inmersión. El PDeCAT, por su parte, presentará una proposición de ley para eliminar de la Lomloe el primer apartado de la disposición adicional 38ª en el que se dice que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución, los estatutos y la normativa aplicable" y que, en su opinión, no sirve para garantizar el blindaje de la inmersión, según informa Marisa Cruz.
La pretensión es "regresar al escenario de la LOE socialista", explica el diputado Sergi Miquel, para quien no es garantía de nada el compromiso de Alegría de no exigir cambios en la realidad educativa catalana. El PDeCAT espera que su iniciativa sea apoyada por JxCat, ERC, CUP e incluso los diputados del PSC.
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