La sentencia arroja cifras desconocidas en la historia de la corrupción política, con un desvío de millones durante 10 años de Gobierno socialista
Bajo el pretexto de establecer un mecanismo mediante el que agilizar las ayudas y subvenciones a empresas en dificultades y parados, los altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía sistematizaron todo lo contrario: que ingentes cantidades de dinero se repartieran a personas afines al socialismo sin ningún tipo de control y que los trabajadores que realmente las necesitaban se quedaran sin ellas.
¿A CUÁNTO ASCIENDE EL FRAUDE DE LOS ERE?
La sentencia de la Audiencia sevillana cifra en casi 680 millones de euros el dinero desviado a la trama ilegal. El fallo acusa a José Antonio Griñán y Manuel Chaves de tener "palmario conocimiento" de cómo sus subordinados de la Consejería de Trabajo diseñaron un mecanismo con el que ocultar el desfalco a los interventores para repartir el dinero entre quienes ellos arbitrariamente quisieran. Esta magnitud no tiene parangón con la de ningún otro caso de corrupción política destapado en España. Según resume la sentencia, el desvío iba desde los 6.977.751 euros del año 2000, en el que se estableció el sistema fraudulento, hasta un récord de 94.744.185,09 euros de 2008. El promedio anual de dinero distraído de los controles fue de 66 millones hasta acumular un total de 679.432.179,09 euros.
¿QUIÉNES SON LOS CONDENADOS Y POR QUÉ DELITOS?
En total hay 19 personas condenadas y dos absueltas. La cifra puede parecer pequeña para una trama que ha tardado prácticamente una década en resolverse en los tribunales. Pero hay que tener en cuenta de que se trata sólo de la conocida como Pieza política, en la que se abordan las responsabilidades de los cargos públicos que pergeñaron y ejecutaron el desvío de fondos públicos para eludir todos los controles pertinentes. Las causas separadas tienen muchos más encausados y ventilarán los aspectos más bizarros, como la filiación política de los beneficiarios y los gastos particulares de algunos cargos políticos en prostitución o drogas.
Una parte de los condenados, como es el caso de Manuel Chaves, lo ha sido a sólo penas de inhabilitación por un delito de prevaricación; mientras que otro grupo, en el que figura el también ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, lo ha sido a penas de inhabilitación y cárcel por malversación y prevaricación.
¿CUÁNTO SUMAN LAS PENAS DE PRISIÓN?
En esta primera pieza las penas privativas de libertad suman 60 años. Las condenas más elevadas rondan entre los siete y los ocho años de encarcelamiento y recaen sobre los responsables políticos de la Consejería de Empleo que diseñaron el entramado. Por ejemplo, Antonio Fernández, ex consejero de Empleo, y Francisco Javier Guerrero, ex director general del Departamento, acumulan 7 años y 11 meses de prisión. Un segundo bloque está encabezado por Griñán y otros altos responsables de la Junta bajo los que se desarrolló el esquema ilegal. Han sido condenados a 6 años de cárcel. Al ser penas superiores a dos años, si el Tribunal Supremo confirmara la sentencia, entrarían en prisión aunque no cuenten con antecedentes penales.
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