En la petición, enviada a la Sala Constitucional del TSJ, la Fiscalía pide "declarar al partido u organización política Voluntad Popular, organización criminal con fines terroristas
La revolución ha dado un nuevo paso en su asfixiante cerco contra el líder opositor, Juan Guaidó. Tarek William Saab, el fiscal de Nicolás Maduro, ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declare a Voluntad Popular (VP) una organización criminal "con fines terroristas" y ordene su disolución inmediata.
Para Saab, el Ministerio Público ha acreditado que VP "sirvió de velo corporativo para ocultar responsabilidad gremial en la comisión de múltiples, permanentes y continuados delitos que distorsionan los postulados de la Ley de Partidos".
Desde que el ex prisionero político Leopoldo López -refugiado hoy en la embajada de España de Caracas- fundara VP a finales de 2009, el partido naranja ha sufrido la persecución continua e indiscriminada de la revolución, que ha encarcelado dirigentes y diputados y ha inhabilitado a sus líderes, provocando el exilio de buena parte de su dirigencia.
Entre rejas se encuentran actualmente dos de sus parlamentarios, Gilber Caro y Renzo Prieto, así como los principales colaboradores de Guaidó, como Roberto Marrero, su mano derecha, y uno de sus asesores clave, el hispanovenezolano Demóstenes Quijada. Juan José Márquez, tío materno del presidente legítimo del Parlamento, también está encarcelado desde hace 100 días.
El fiscal insistió en la "génesis neonazi" del partido de López, que forma parte de la Internacional Socialista. Después llegaron las protestas callejeras de 2014 y 2017, que el régimen bolivariano siempre consideró como actos subversivos. "Para cerrar el ciclo de conversión de VP en organización terrorista transnacional, pasó a una nueva fase el 23 de enero de 2019, (cuando) Guaidó se autoproclamó en una plaza pública y ante la sorpresa de sus propios partidarios como presidente interino de Venezuela", culminó Saab.
La revolución también acusa a Guaidó de estar detrás de los fracasados desembarcos de militares rebeldes de la 'operación Gedeón', para lo que habría contado con la ayuda de EEUU y Colombia.
La disolución queda así en manos del TSJ, que desde finales de 2015 ha dictado más de 100 sentencias en contra del Parlamento democrático y de la oposición.
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