Anticorrupción atribuye a Pedro Luis Marín Uribe un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos
La Fiscalía Anticorrupción pide la imputación del ex secretario de Estado de Energía del PSOEPedro Luis Marín Uribe por el desvío de 30 millones de euros públicos a los líderes de UGT en Asturias con el pretexto de la construcción de una residencia de ancianos en la localidad de Felechosa.
Los receptores del dinero, encabezados por el histórico líder sindical José Ángel Fernández Villa, se acabaron apropiando de la mayor parte de los fondos distraídos y fueron detenidos en el marco de la denominada 'Operación Hulla'.
El Ministerio Público atribuye a Marín Uribe, secretario de Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la comisión de sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y sostiene que "influenciado por el poder político y sindical que en la fecha de los hechos ostentaba Fernández Villa" se plegó hasta el punto de que su "sumisión" le llevó a aprobar el desvío de dinero público "sin base legal alguna, incumpliendo los escasos requisitos que la normativa que regula las subvenciones establece".
Asimismo, le atribuye haber "abusado de las prerrogativas de su cargo para remover cualquier obstáculo que ponía en riesgo la concesión" de los fondos públicos. Pero también para actuar con la "permisibilidad más absoluta, lo que consumaría el desvío de lo fondos mineros que controlaba".
LA ACTUACIÓN DE MIGUEL SEBASTIÁN
Junto a Pedro Luis Marín Uribe, la Fiscalía Anticorrupción pide la imputación de los principales responsables del Ministerio de Energía que aprobaron este expediente. Anticorrupción aprovecha además para censurar la actuación del que fuera ministro de Energía bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero en este asunto, Miguel Sebastián.
Arguye que "tanto Marín Uribe como Sebastián desatendieron las recomendaciones realizadas por la Abogacía del Estado y la Secretaría Técnica del Ministerio de Energía", que alertaron de lo "arriesgado" de "dejar en manos de una Mesa Regional" el importe a adjudicar a la citada residencia de ancianos, que acabó resultando disparatado.
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