La norma capacitará a alcaldes, al Gobierno vasco y al Instituto para la Memoria de la capacidad de sancionar con multas que llegan a los 150.000 euros
¿Podría haber sido multado por el Gobierno vasco el ex ministro Ignacio Camuñas por rechazar que la Guerra Civil comenzó con un "golpe de Estado"? El ex político hubiera evitado la sanción por encontrarse en Ávila pero la futura Ley de Memoria Histórica del País Vasco establece multas de hasta 10.000 euros para "cualquier tipo de manifestación que suponga el enaltecimiento del franquismo". La pregunta le ha sido trasladada a la consejera de Justicia Beatriz Artolazabal que ha evitado dar una respuesta clara para resumir lo recogido en los últimos cinco artículos de la Ley de Memoria Histórica que será aprobada por el Parlamento Vasco en la segunda mitad de este año.
El Gobierno vasco conformado por PNV y el Partido Socialista de Euskadi ha aprobado un anteproyecto de ley que incorpora sanciones desde los 200 hasta los 150.000 euros. Las multas más graves se establecen para quienes realicen excavaciones ilegales de enterramientos o destruyan estas tumbas de asesinados durante la Guerra Civil y la Dictadura. Pero entre las que se pueden sancionar con entre 2.001 y 10.000 euros se encuentra un amplio listado sobre manifestaciones públicas tanto en actos como a través de medios de comunicación y redes sociales sobre la Guerra Civil y el franquismo. En concreto, además de la referencia genérica al "enaltecimiento del franquismo" también se hace alusión a "utilizar o emitir expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares de la Guerra Civil o la dictadura Franquista".
La futura Ley vasca de Memoria Histórica atribuye al Instituto Gogora la capacidad de imponer sanciones por hasta 10.000 euros, el Consejo de Gobierno impondrá las multas de hasta 150.000 y también los ayuntamientos podrán sancionar pero sólo en el supuesto de que no se retiren símbolos que homenajeen a la Guerra Civil o de la Dictadura. La norma vasca incorpora la celebración de un día anual de recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, la creación de un banco de ADN de exhumaciones de Euskadi, la elaboración de un catálogo de lugares, itinerarios y espacios de la Memoria Histórica y la creación de un centro documental.
"La memoria no puede ni debe ser instrumento de división y de confrontación", ha defendido la consejera de Justicia Beatriz Artolazabal en la presentación del proyecto para el que PNV y PSE-EE cuentan con su mayoría parlamentaria para aprobarlo aunque se han mostrado dispuestos a negociarlo con los grupos de la oposición.
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