Si la mutualidad desaparece, 1,8 millones de personas dejarían la sanidad privada para recibir atención en la pública
El sistema de cobertura sanitaria de los funcionarios se ha visto amenazado en muchas ocasiones. El último de estos envites llegó hace tan sólo unos días en forma de proposición no de ley presentada (PNL) por el grupo Podemos en el Congreso, reclamando que «las nuevas incorporaciones de los colectivos hasta hoy protegidos por el mutualismo administrativo se incluyan en el régimen general del Sistema Nacional de Salud» lo que, en la práctica, aboca a la destrucción del mutualismo administrativo.
Las reacciones a la PNL de Podemos no se han hecho esperar. Desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), la entidad que aglutina los intereses sectoriales de la sanidad privada, se reconoce que no se tiene conocimiento alguno de que el Gobierno como tal quiera modificar el sistema Muface o eliminarlo como aspira la PNL de Podemos, «pero el hecho de que sus socios de Gobierno presenten una PNL así preocupa mucho, por supuesto», reconocen fuentes de IDIS.
Desde el Ejecutivo se respalda el modelo de mutualidades pese a la PNL de su socio de Gobierno. Fuentes de Hacienda recuerdan que la hoja de ruta trazada por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la pandemia no incluye cambio alguno y apoyan el modelo Muface.
El aval gubernamental al modelo de mutualidades para, como mínimo, la legislatura completa se puede observar según recuerdan estas mismas fuentes de Hacienda en el reciente apoyo del Gobierno a la nueva estrategia organizativa de la mutualidad, el Plan Muface Avanza 2021-2023, que contiene los objetivos prioritarios y la senda de la mutualidad para los próximos años.
Y, junto a ello, las mismas fuentes recuerdan también, como muestra de apoyo al mantenimiento de la mutualidad, que Muface participa activamente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con seis proyectos para su transformación digital.
No dar continuidad a este modelo de cobertura puede suponer un 'agujero' a las mermadas arcas de la Sanidad pública. Con las cifras en la mano, la Fundación IDIS ha presentado un estudio en el que detalla que el sistema de mutualidades está cubriendo actualmente la asistencia de 1,8 millones de asegurados, el 65% de ellos cubiertos por el sistema de mutualidad de funcionarios Muface, el 31% por la mutualidad de las fuerzas armadas ISFAS y el 4% por la de la judicatura Mugeju. Estas mutualidades estarían ahorrando al sistema público entre 720 y 800 millones de euros anuales, fruto de una prima media en las mutualidades muy inferior al gasto público per cápita en sanidad en el sistema público.
En concreto, según sus cálculos la prima en las mutualidades ascendió en 2020 a 917 euros por asegurado frente a los 1.368 euros de gasto sanitario medio por persona que hay en el sistema público. Así, el modelo del mutualismo estaría ahorrando 451 euros por persona asegurada con este sistema de mutualidades, simplemente en costes directos.
El informe de la Fundación IDIS simula qué ocurriría en caso de la desaparición de las mutualidades, esto es, si los 1,8 millones de personas aseguradas por el mutualismo actualmente tuvieran que ser atendidas por el sistema público directamente. Según sus cálculos alrededor de un 10% optaría por contratar un seguro privado de salud, pero el resto quedaría en el sistema público de golpe, que tendría que afrontar la atención de entre 1,7 y 1,8 millones de individuos, lo que provocaría que el gasto sanitario de los hasta ahora mutualistas pasase de suponer para las arcas públicas 2.230 millones de euros a ser de entre 2.959 y 3.030 millones según sus cálculos.
El efecto dominó de la desaparición de las mutualidades sería sin embargo mayor ya que habría que tener en cuenta también que las aseguradoras sanitarias privadas verían mermada su actividad en prácticamente en casi 1,5 millones de pólizas, el 16% de su actividad. Esto supondría una reducción de 1.500 millones de euros de facturación para las aseguradoras y 24 millones menos de impuestos de sociedades que pagarían a las arcas públicas.
Según detalla el estudio «dado que la siniestralidad de los colectivos se aproxima o supera al 100%, en este contexto, la asistencia sanitaria privada en determinadas zonas sería insostenible, ya que la inexistencia de asegurados (mutualistas), motivaría la desaparición de parte de la red asistencial privada, repercutiendo negativamente en la accesibilidad al servicio de los ciudadanos y en el aumento del gasto público».
Se estima, así, la merma de 2,1 camas hospitalarias privadas por cada 1.000 pólizas perdidas, lo que implicaría el de entre 30 y 32 hospitales privados y centros sanitarios, especialmente en zonas geográficas de menor actividad, que quedarían sin servicio privado, abocando a toda su población a acudir siempre al sistema público, pese a que actualmente un tercio de la población acude indistintamente al sistema público o privado.
Este cierre de centros privados provocaría una pérdida de 39.000 puestos de trabajo, un aumento del 15% de la ocupación hospitalaria pública que pasaría a ser del 98%, y un incremento de las listas de espera (por los habituales conciertos que no permitirían la derivación a la privada al haber quebrado sus centros) de entre 28 y 30 días para la actividad quirúrgica y de unos 34 días en la actividad de consultas externas.
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