Da por concluida la investigación y acuerda que sean juzgados por un jurado popular
El juez ha enviado a juicio a los seis policías nacionales que irrumpieron sin orden judicial en un piso de Madrid en el que se estaba celebrando una fiesta incumpliendo las medidas sanitarias contra la pandemia.
En una resolución notificada este miércoles, el magistrado da por concluida la investigación y acuerda seguir adelante para la celebración de una vista con jurado. Considera que existen "sólidos indicios" de que los agentes cometieron un delito de allanamiento de morada, penado con prisión e inhabilitación.
El titular del Juzgado de Instrucción 28 de Madrid, Jaime Serret, considera que debe ser en el juicio donde se decida si se cometió ese delito o si bien, como sostienen los agentes, quienes ocupaban el piso habían cometido un delito de desobediencia grave al no abrirles la puerta como pedían. Eso suponía que estaban cometiendo un delito flagrante y estaban autorizados a entrar por la fuerza sin aguardar a una orden judicial.
Esta tesis ya fue desechada por un tribunal de la Audiencia Provincial en un auto con el que rechazó archivar el caso. "Se ha producido por parte de los agentes de la policía un exceso en el ejercicio de la autoridad, con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio", dijeron los magistrados.
Hay controversia en cómo calificar jurídicamente los hechos, pero no en lo que sucedió. "Prácticamente son incontrovertidos los hechos objeto de acusación: el pasado día 21.03.2021 sobre las 00:50 horas, en el curso de una intervención policial, a pesar que no tenían, ni consentimiento de los moradores, ni autorización judicial, los Agentes de la Policía Nacional investigados, tiraron la puerta abajo, de la vivienda situada en la calle Lagasca [...] , accedieron a la misma y detuvieron a sus moradores".
El juez convoca a las partes para el 8 de octubre a un acto en el que la acusación, ejercida por el abogado Juan Gonzalo Ospina, ratificará la decisión de acusar a los policías.
ERROR DE LOS AGENTES
En su resolución, el juez apunta a la posibilidad de una tercera vía al margen de la absolución o de la condena por allanamiento. Se trata de la posibilidad de que se produjera el llamado error de prohibición, conforme al cual los agentes actuaron en el convencimiento de que lo hacían correctamente. Eso supondría una rebaja considerable de la pena, a la mitad o la cuarta parte. Si se considerase que el error era de tipo invencible, no se les impondría condena.
En su reciente comparecencia como imputados ante el juez, los seis agentes se ratificaron en que su actuación había sido correcta. Tras suceder los hechos, el ministro del Interior, el juez en excedencia Fernando Grande-Marlaska, defendió la actuación de los agentes, alegando que no se podía considerar que el inmueble fuera una vivienda, porque sólo se utilizaba para la fiesta. Esa tesis quedó desmentida en la investigación y no se volvió a esgrimir.
PRISIÓN, MULTA E INHABILITACIÓN
En allanamiento de morada por parte de un funcionario público está castigado en el artículo 204 del Código Penal, que añade la inhabilitación a las penas de prisión y multa. Establece que "la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley y sin mediar causa legal por delito, cometiere cualquiera de los hechos descritos en los dos artículos anteriores [allanamiento], será castigado con la pena prevista respectivamente en los mismos, en su mitad superior, e inhabilitación absoluta de seis a doce años".
La pena prevista mencionada sería, al haber mediado violencia para el allanamiento -se usó un ariete para derribar la puerta-, de "uno a cuatro años y multa de seis a doce meses". En su mitad superior el mínimo partiría de los dos años y medio de prisión y la multa, de los nueves meses.
La resolución judicial rechaza que los hechos encajen en otras categorías jurídicas con menor pena, como la del delito de funcionario público contra la inviolabilidad domiciliaria o el delito de daños.
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