Los partidos presentes en el Pacto de Toledo plantean una reforma legislativa donde se suprima la discriminación.
La situación de las pensiones en España, concedidas por la Seguridad Social, siempre han constituido objeto de conversación parlamentaria y social.
Bien, mientras el Gobierno se encuentra en plenas negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2021, marcadas por la crisis sanitaria y económica derivadas de la pandemia, los partidos presentes en el Pacto de Toledo recalcan la necesidad de realizar transformaciones en la equidad de acceso a las pensiones de viudedad.
El modelo social ha cambiado. Cada vez son menos las parejas que contraen matrimonio y más las que se inscriben en el registro civil como 'pareja de hecho'. Hasta ahora, estos segundos experimentan cierta discriminación en cuanto al acceso a la prestación por viudedad se refiere.
Los miembros de la comisión presentarán ante el Ejecutivo, en las próximas semanas, una nueva versión de la reforma de estas prestaciones. En ella se recomienda al Gobierno abolir todo tipo de discrimincación injustificada sobre los beneficiarios, bien sean matrimonios o parejas de hecho.
Las parejas de hecho se han triplicado en las últimas décadas
La formalización como pareja de hecho ha aumentado en los últimos 20 años, aunque el matrimonio convencional sigue imperando en España. Este cambio de paradigma social conllevará a que, a medida que las parejas de hecho envejezcan y fallezca uno de cónyuges, crecerán los pleitos contra la Seguridad Social para acceder a estas prestaciones.
Según los datos emitidos por la Encuesta Continua de Hogares del INE, en 2019 se registraron un 15,7% de parejas de hecho frente a un 84.3% de enlaces matrimoniales. En comparación con el año anterior las primeras incrementaron en un 9,6% (hasta 1.781.500) mientras que las segundas disminuyó en un 1% (hasta 1.781.500). Las parejas homosexuales representan un 0,9% del total.
Actualmente, la Seguridad Social cuenta con un gasto mayor a 21.000 millones para cubrir las pensiones de viudedad de más de 2,3 millones de personas. La cuantía presupuestada por cada individuo oscila entre los 600 y 700 euros al mes, aunque los rangos estipulan entre los 150 y más de 2.000 euros mensuales.
La Ley de Seguridad Social dictamina que en el caso de una pareja de hecho, el viudo o la viuda debe cumplir con requisitos como: dependencia económica, haber tenido ingresos inferiores al menos en un 50% al total de los que generaba la pareja o menores al 25% si no hay descendencia común ← derecho a orfandad ← en el último año antes del fallecimiento del cónyuge, entre otros.
En el caso de los matrimonios, estos tienen derecho a la prestación si durante el último año permanecían casados, indistintamente del nivel de ingresos generados. En cambio, en el caso de la pareja de hecho, estos deben estar registrados como tal al menos dos años antes del fallecimiento y contar con una convivencia estable en los últimos cinco años.
La reforma de la legislación pretende igualar los requisitos de acceso a la prestación y que las diferencias entre los matrimonios y las parejas de hecho sean inadmitidas por el Tribunal Constitucional.
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, presidido por Dolors Montserrat, ya había solicitado a España el año pasado que se suprimiese la discriminación de los supervivientes de las parejas de hecho, amparada por la ley.
Uno de los casos que hizo pensar
Silvia Oñate fue uno de los casos que llegaron a Bruselas ante la privación de este derecho. En el año 2017 la mujer de 50 años enviudó. La Seguridad Social se opuso a concederle la pensión por viudedad alegando que, en el año previo, la mujer había ingresado más dinero que su pareja fallecida.
Como en su caso, muchas viudas serán beneficiarias de la reforma legislativa, puesto que existen más mujeres perceptoras de la pensión que varones, según los datos.
Por otro lado, la nueva medida también es importante para el colectivo LGTBI. Según explica el responsable de UGT de este colectivo, Toño Abad, hasta la aprobación del matrimonio homosexual, tuvieron que constituirse como pareja de hecho.
El Gobierno recibirá el texto final en las próximas semanas
Los partidos presentes del Pacto de Toledo presentarán ante el Gobierno el documento final en las semanas venideras, una vez que hayan recabado la garantía de los agentes sociales que formarán este martes la mesa de diálogo sobre las pensiones.
El Ejecutivo recibirá de nuevo las 23 recomendaciones que se habían pactado en la legislatura pasada, tras dos años de trabajo, y que se paralizaron como consecuencia del adelanto electoral y la falta de consenso.
El Gobierno por su parte ya ha comenzado a implantar las iniciativas acordadas como la retirada de gastos impropios de la Seguridad Social que superará los 18.396 millones de euros y la propuesta planteada a los trabajadores autónomos que tiene por epicentro la cotización de los ingresos reales.
Siguiendo en esta línea, el organismo deberá llegar a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo sobre los gastos que no asumirá más.
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