Desde que en marzo se cerrasen los centros escolares, el Gobierno se ha mostrado incapaz de asegurar el derecho a la Educación a los casi 10 millones de alumnos de todo el territorio nacional
Desde que en marzo se cerrasen los centros escolares, el Gobierno se ha mostrado incapaz de asegurar el derecho a la Educación a los casi 10 millones de alumnos de todo el territorio nacional. Padres, profesores y estudiantes coinciden en que la enseñanza online ha sido, en la mayoría de los casos, un rotundo fracaso, que las clases de refuerzo previstas para el verano no han funcionado por la negativa de muchos profesores y que la política de levantar la mano a la hora de la evaluación provocará disfunciones y diferencias de nivel que repercutirá en el rendimiento académico en los próximos cursos. Además, en estos meses se han puesto en evidencia las ineludibles brechas entre familias -en función de sus recursos para sufragar los costes de la educación online-, entre centros -privados, concertados o públicos han ofrecido servicios diferentes- y entre profesores -reacios en muchos casos a colaborar y a cambiar sus rutinas y su forma de trabajo habituales-.
Pero la preocupación de la comunidad educativa está puesta ahora en el próximo curso, que comenzará en apenas tres semanas. A diferencia de lo que ocurre en países como Francia y Alemania, donde los alumnos hace tiempo que volvieron a las aulas de manera segura, en nuestro país, el Gobierno y las comunidades autónomas continúan improvisando los protocolos que aseguren el retorno a las aulas sin riesgo para profesores y estudiantes. Nadie duda de que el caos lo ha provocado una negligente actuación del Ministerio de Educación, cuya titular, Isabel Celaá, ha cambiado de criterio hasta en seis ocasiones sobre cuestiones tan determinantes como las ratio de alumnos por clase, el uso de mascarillas y la distancia entre los estudiantes, y la presencialidad o no en las aulas. La aparición de nuevos brotes infecciosos y la implantación de las medidas de prevención acordadas la pasada semana entre Gobierno y CCAA implicarán, según ha publicado este periódico, nuevos cambios en el documento hecho público por el Ministerio el pasado 22 de junio, añadiendo una dosis más de incertidumbre a la situación. Responsables de los ministerios de Educación y Sanidad tendrán que decidir, antes de la Conferencia de Presidentes que Gobierno y comunidades tendrán a final de mes, qué protocolos implantar, como si la obligatoriedad de las mascarillas afectará también a los cursos de Infantil y Primaria, ahora exentos. Si la recomendación de no hacer reuniones de más de 10 personas es compatible con la ratio de 25-30 alumnos por clase existente ahora. Y si, como prometió Celaá, la educación será 100% presencial o los alumnos tendrán que turnarse y recibir una parte de la instrucción a distancia. Los directores de los centros y los consejeros de Educación ya han advertido que será necesario invertir en la adecuación de nuevos espacios para convertirlos en aulas y en profesores, en caso de que los grupos de estudiantes se desdoblen.
A pesar del tiempo que han tenido, ni Gobierno ni comunidades han planificado la vuelta a las aulas. Es absolutamente inaceptable que ante la inminencia del inicio del curso se continúe improvisando y tanto padres como estudiantes y profesores no sepan con seguridad si van a poder comenzar las clases y en qué condiciones.
Comentarios