Dos de las tres hermanas fueron obligadas a casarse, con 14 y 15 años, a cambio de una cantidad próxima a los 7.000 euros
a Policía Nacional ha detenido a cinco personas por la comisión de tres delitos de trata de seres humanos con la finalidad de matrimonios forzados y otros semejantes también relacionados, además de dar protección a dos niñas menores de edad, de nacionalidad rumana.
La operación -bautizada con el nombre de Bucarest- se fraguó a partir de una denuncia de la Inspección Educativa de la localidad de Fuente de Cantos (Badajoz), alertada por el "repentino" absentismo escolar de las menores.
A partir de ese momento, se organizó un dispositivo en el que participaron agentes la Brigada de Extranjería y Fronteras de Badajoz, de Ciudad Real y de la Comisaría Local de Alcázar de San Juan.
Debido al origen de las menores, la Policía centró las pistas desde el primer momento en el posible móvil del caso, es decir, "la práctica habitual entre determinado subgrupo cultural de origen rumano del casamiento de niñas en edades tempranas, concretamente a partir de los 12 años, concertándose para ello el matrimonio entre las familias de los contrayentes o a través de intermediarios a cambio de una contraprestación económica de 6.000 a 7.000 euros", según informa la Policía.
UNA FAMILIA CON TRES NIÑAS
Una vez casadas, las menores, por norma general, abandonan la escuela y el entorno familiar, desplazándose a la vivienda de su nueva "familia política" -en este caso en Ciudad Real-, donde contribuyen en las tareas domésticas hasta que alcanzan la edad mínima legal para poder obtener un contrato de trabajo y contribuir así económicamente a su nuevo hogar.
Como resultado de las investigaciones de los agentes, se logró identificar a una familia con tres niñas que cumplían con el modus indicado. Los policías averiguaron que las dos hermanas mayores contrajeron matrimonio, conforme a sus ritos, a la edad de 14 años.
La menor de las tres hermanas, de tan sólo 12 años de edad en el momento de inicio de la investigación, estaba siendo también preparada para el casamiento.
A partir de ahí, la Policía preparó un operativo para la localización de las menores y de las familias implicadas, "teniendo en cuenta la elevada movilidad, temporalidad y nomadismo de los investigados", quienes suelen cambiar de residencia de forma continua como consecuencia de su actividad laboral como temporeros agrícolas.
'OPERACIÓN NUNTA'
En octubre de 2020 fue localizada la mayor de las hermanas en Almendralejo (Badajoz), comprobándose que había sido obligada a casarse tiempo atrás, a los 14 años. Según la investigación, en la actualidad la joven ya ha alcanzado la mayoría de edad. Por estos hechos, los padres del cónyuge fueron detenidos y puestos a disposición judicial.
En las últimas fechas se desencadenó la resolución total del caso al conseguir la Policía conocer la posible residencia de la segunda de las hermanas y de su familia política en la localidad de Herencia (Ciudad Real). Poco después se pudo averiguar la residencia de la tercera de las hermanas y de sus progenitores en una localidad cercana.
Esta segunda operación policial, denominada Nunta, finalizó en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el pasado 7 de julio cuando se procedió a la detención de ambas familias, tres hombres y dos mujeres de entre 20 y 48 años de edad, quienes fueron puestos a disposición del juez que, ante la gravedad de los hechos, procedió a la retirada de la patria potestad de ambas menores de 14 y 15 años. Ambas han quedado bajo la custodia de los servicios de protección de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
SEGÚN LA ONU
La Policía Nacional advierte de que los matrimonios forzados son catalogados por la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) como casamientos en contra de la voluntad o por la fuerza y, además, son reconocidos en los convenios internacionales como una vulneración del derecho a contraer matrimonio con libre y pleno consentimiento, en contra del derecho a la dignidad humana, a la igualdad y no discriminación, mediando coacciones o una intensa presión social o familiar.
Se trata además de una modalidad de matrimonio infantil en el que al menos uno de los contrayentes es un niño, quien como menor de edad su consentimiento eventualmente prestado no se puede considerar suficientemente pleno y libre.
La lucha contra este tipo de criminalidad está encartada en las líneas directrices del Plan Estratégico de la Policía Nacional para la lucha contra estas nuevas formas de esclavitud, abuso y explotación de colectivos vulnerables sustentados en su estado de necesidad.
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