Los empresarios se han reunido con el Defensor del Pueblo para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la subida de esta figura
CEOE se ha instado al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para que presente un recursos de inconstitucionalidad contra la subida del impuesto de Patrimonio que el Gobierno incluyó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021. Se trata, en opinión de los empresarios, "un impuesto confiscatorio, injusto, que atenta contra la libertad y la propiedad privada de los contribuyentes españoles". Y es más, lo que debe hacer el Gobierno es "suprimirlo" porque de esa manera, además, acabará con el dumping fiscal que siempre denuncia la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Así lo han defendido tanto el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, como el vicepresidenta de la patronal y máximo responsables de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, mostrándose en ambos casos muy críticos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y con su estrategia fiscal.
"Es curioso que en toda la Unión Europea, el único país que tenga este impuesto sea España. No hay ningún país de la UE que tenga este impuesto", ha señalado Garamendi, quien ha subrayado que esta figura "grava el ahorro, algo que ya ha pagado impuestos" y que "no favorece la creación de riqueza ni el ahorro".
"No es justo gravar el patrimonio con un 3,5% después de haber pagado renta", ha incidido por su parte Sánchez-Llibre, quien ha alertado de que hay que contribuyentes que "tienen que vender una parte importante de su patrimonio" para poder hacer frente al impuestos.
EL ÚNICO CASO EN LA UE
Los empresarios han querido remarcar el mencionado hecho de que España es el único país que cuenta con el impuesto de Patrimonio. Francia tenía hasta hace poco una figura similar pero decidió subsumirlo en el IRPF. El Gobierno, sin embargo, no tiene ninguna intención de modificar esta situación, algo que podría antojarse contradictorio con su intención de acercarse al modelo y presión fiscal de Europa. Es más, Montero rechazó la intención de Unidas Podemos de crear un impuesto para ricos apuntando que la fiscalidad española ya cuenta con una figura, la de Patrimonio, que permite gravar a las rentas altas.
En las cuentas de este año se recoge el señalado incremento del 2,5% al 3,5% del tipo marginal máximo, que es el motivo que ha desatado las protestas de CEOE. Y, además, se establece el carácter indefinido del tributo ya que hasta ahora era temporal.
La estimación de Hacienda es que ese incremento aporte hasta 339 millones, pero la realidad es que se trata de un impuesto cedido y no todas las comunidades lo aplican. Esta situación es la que, precisamente, ha desatado las críticas de Montero especialmente hacia la Comunidad Madrid y ese "dumping fiscal en el que incurre". De la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso defienden que su derecho a bonificar al 100% esta figura y desde CEOE insisten: el modo de acabar con esta situación es "eliminando el impuesto".
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