Solo cuando haya una resolución firme del Tribunal Supremo que demuestre que actuaron contra el ordenamiento jurídico podrán pedirles la devolución del dinero
La Junta de Andalucía pagará la defensa de gran parte de los acusados (tantos de los absueltos como de los condenados) en la macrocausa de los ERE. Varias sentencias así lo disponen y la administración autonómica ha empezado ya a hacer frente a las reclamaciones de los procesados, entre ellos las de Gaspar Zarrías o Magdalena Álvarez, según fuentes del Gobierno andaluz.
La factura de los ERE pagada con fondos públicos no se agota por tanto en los casi 680 millones de euros que, según la sentencia de la Audiencia de Sevilla, fueron repartidos de forma ilegal, sino que se incrementará en una cantidad todavía indeterminada que podría rondar entre los 3 y los 5 millones de euros.
La Junta de Andalucía reclamará un peritaje independiente para calcular con precisión cuánto corresponde abonar a cada uno de los abogados de los procesados, pues las minutas presentadas por los ahora condenados se disparan en función de las tarifas de cada bufete, sobre todo cuando estos se encuentran fuera de Sevilla y sus letrados han tenido que desplazarse durante meses hasta la capital andaluza para la celebración de la vista oral. En el caso de Magdalena Álvarez, la Junta ha calculado que tendrá que abonarle 90.000 euros, según informó en su día Europa Press.
Varias sentencias judiciales le han dado la razón a los investigados que pidieron acogerse a su derecho de acceder a los servicios del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, un derecho que está recogido en el artículo 92.1 del Reglamento de Organización y Funciones de ese gabinete.
O sea que los ex altos cargos investigados tenían derecho a que fuera un funcionario público de la Junta quien asumiera su defensa, dado que estaban acusados por hechos vinculados al desempeño de sus funciones. Ocurrió sin embargo que, como la Junta se personó en principio como acusación particular en el proceso, se produjo una colisión de intereses, pues la administración no podía a la vez actuar como acusación y defensa en una misma causa. Fue por eso por lo que los procesados se vieron obligados a recurrir a servicios jurídicos profesionales privados.
La Junta de Andalucía habría comenzado ya a pagar algunas de esas minutas, dado que el criterio de las sentencias emitidas por la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fechas de 5 de julio de 2016 y 26 de noviembre de 2018 apunta a que debe anticiparse el abono de los importes para garantizar el derecho a la defensa de los acusados. Y solo una vez que la sentencia de los ERE sea firme -una circunstancia que se producirá cuando se pronuncie el Tribunal Supremo- la Junta podrá reclamar la devolución de esas cantidades a los ex altos cargos que hayan actuado en contra del ordenamiento jurídico.
En los casos en los que resulten absueltos (ha habido tres personas absueltas ya en la pieza principal de los ERE), no habrá posibilidad alguna de reclamar las cantidades abonadas.
LOS EX CARGOS DE LAS AGENCIAS IFA E IDEA
No todos los ex altos cargos procesados (en total lo fueron 22 en este primer juicio de los ERE) tenían derecho a acogerse a la defensa de los servicios jurídicos de la Junta. Los investigados que ocupaban puestos en las agencias IFA o IDEA (6 en total) tienen un carácter diferente y no están amparados por el derecho a ser defendidos por el gabinete jurídico de la Junta.
Pero tampoco ellos asumirán el coste de sus defensas pues esos entes instrumentales disponían de un seguro de responsabilidad civil a través de la compañía Arch Insurance Limited, que será la que asuma sus honorarios.
La Audiencia de Sevilla emitió a este respecto una sentencia el 14 de diciembre de 2017 en la que dispone que sea la compañía de seguros la que atienda los honorarios y provisiones de fondos de los directivos imputados de la agencia IDEA.
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