Solicita la licencia urbanística para emprender las labores de exhumación e identificación de los enterrados en las criptas de la Basílica
El Gobierno pone sobre la mesa una nueva baza en plena partida electoral madrileña: la exhumación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura enterradas en las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Esta misma mañana, el Ejecutivo, a través de Patrimonio Nacional, presentará en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, la solicitud de licencia urbanística para poder emprender los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura inhumadas en la Basílica y cuyos restos han sido reclamados por sus familias.
Para llevar a cabo estos trabajos, el Gobierno aprobó el pasado 30 de marzo una partida de 665.000 euros destinada a financiar las obras necesarias para acceder al interior de los distintos niveles de las criptas con las convenientes medidas de seguridad y preservación de la salud de los operarios; la retirada de cerramientos e instalaciones para despejar el acceso a las criptas; el acondicionamiento de los accesos y la necesaria iluminación así como todas las labores que garanticen la seguridad estructural de las criptas para proceder a su inspección.
Así lo explica en una nota hecha pública el Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes y Memoria Democrática encabezado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que añade la intención de comenzar los trabajos de exhumación e identificación en cuanto Patrimonio Nacional cuente con la autorización precisa del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.
La labor que ahora se dispone a emprender el Gobierno, y que anuncia en plena campaña electoral madrileña, es de la máxima complejidad y previsiblemente tope con multitud de obstáculos tal y como se puso de manifiesto tras la realización de labores de inspección y cata de las criptas, en 2010, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
Pese a todo, el Gobierno de Pedro Sánchez anuncia ahora su intención de emprender unas labores de exhumación de resultado incierto pero que de momento, sin duda, se colarán como nuevo elemento de confrontación en la campaña electoral, de la misma manera que sucedió con el traslado de los restos del dictador Francisco Franco desde la propia basílica del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo en octubre de 2019, apenas unas semanas antes de las elecciones generales del 10-N.
Durante el mandato de Zapatero los trabajos de inspección para valorar la viabilidad de las exhumaciones se realizaron después de que nueve familias reclamaran los restos de sus seres queridos, nueve republicanos ajusticiados durante la Guerra Civil y trasladados al mausoleo del Valle sin el conocimiento de sus familiares.
33.000 CUERPOS
La Vicepresidencia del Gobierno, ocupada entonces por María Teresa Fernández de la Vega, autorizó varias prospecciones para evaluar la posibilidad de exhumar los cuerpos e identificarlos. El trabajo consistía en conocer la ubicación de los restos, realizar un estudio arquitectónico para evitar daños en la estructura y, finalmente, llevar a cabo un análisis forense de los restos.
Los trabajos se llevaron a cabo a lo largo de cinco meses y finalmente el Gobierno comunicó a los familiares la inviabilidad de la exhumación. Los cuerpos se encuentran apilados en cajas de madera con un número de registro; miles de ellos están en cajas comunes con restos de seis o siete personas identificados por su lugar de procedencia.
El informe forense sobre el estado de los enterramientos explicaba que los columbarios de madera se encuentran en muchos casos fracturados y deteriorados por la humedad y los restos que contienen están mezclados por lo que la labor de identificación entrañaría una complejidad extrema. De acuerdo con los libros de registro en las criptas de la basílica habría en torno a los 33.000 cuerpos.