Uno de los 37 detenidos por la Policía Nacional por prostituir a menores, varias de ellas tuteladas en centros de protección por la Comunidad de Madrid, vendió a su hija de 13 años a un joven dominicano de 22 años implicado en la trama a cambio «dos bolsas de cocaína». La niña es una testigo protegida en el caso y era explotada sexualmente por varios de los implicados, según consta en las diligencias policiales adelantadas por La Sexta.
Tras ser vendida por su progenitor acabó retenida en un piso de Vallecas regentado por una mujer conocida como La Negra. En esta vivienda fue obligada a mantener relaciones sexuales con varios hombres, también de nacionalidad dominicana. La menor era una marioneta sexual para varios de lo cabecillas de la red que la obligaban a prostituirse y mantener relaciones con hasta tres hombres a la vez.
Llegó a pasar 48 horas sin dormir encerrada en un piso. El testimonio de esta menor fue clave para destapar la trama que explotaba sexualmente a las menores y las utilizaba para traficar con drogas. Además, las habituaban a consumir base de cocaína o crack, una sustancia que genera una gran adicción. De esta forma lograban anular su voluntad y mantener una «cadena invisible» entre la menor y los miembros de la trama.
Esta menor de 13 años es una de las chicas tuteladas por la Comunidad de Madrid y fue la artífice del inicio de la investigación después de que la Policía Nacional la encontrase deambulando en la calle el pasado mes de abril y con signos de haber sufrido una agresión sexual.
La joven acabó en un centro de protección de la Comunidad de Madrid, un recinto de régimen abierto del que se escapó en varias ocasiones. Esta chica llegó a contar a un educador del centro que estaba siendo explotada sexualmente por una trama que además la obligaba a vender droga.
Estando allí confesó también a los tutores que había sido explotada por una banda, al igual que otras chicas con necesidades económicas a las que también captaron para prostituirlas. Esta nueva declaración permitió a la Policía ampliar las pesquisas y averiguar que los integrantes de la banda contactaban con ellas a través de redes sociales ganándose su confianza y, posteriormente, las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que suministraban sustancias estupefacientes. En algunos casos las obligaban a distribuir ellas mismas la droga, a bordo de patinetes y, tras la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores.
La operación culminó el pasado mes de noviembre con la liberación de las diez menores explotadas y con un total de 37 individuos arrestados, la mayoría dominicanos. Pero también hay cuatro marroquíes y algunos rumanos, nigerianos, españoles y cubanos, con edades comprendidas entre los 18 y los 57 años. Además, hay al menos cuatro mujeres apresadas. Se les acusa, presuntamente, de perpetrar los delitos de agresión sexual, prostitución de menores, tenencia de pornografía infantil, detención ilegal y delito contra salud pública. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión de ocho de ellos.
La Consejería aseguró desde un principio que era un caso de prostitución ajena a los centros y que ninguna de las víctimas de esta mafia de proxenetas está tutelada por la Comunidad, pero ahora se sabe que al menos tres sí lo estaban. La presidenta Isabel Díaz Ayuso subrayó que la explotación sexual de las menores no se produjo en los centros regionales ni a manos de sus profesionales, y que su Gobierno está colaborando con la Policía para esclarecer los hechos. Además, el Gobierno regional se personará como acusación particular en este caso.
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