Se presentarán medidas fiscales, una revisión de la tarifa regulada y una herramienta que obligue a las eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales
El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros un paquete de medidas con el que pretende aliviar el precio de la luz que se disparó hace seis meses y ya ha marcado 13 de sus niveles más altos de la historia en los 14 días que han transcurrido de septiembre. Para lograrlo, el presidente ha decidido declarar la guerra total a las compañías eléctricas y, según anunció anoche, su idea es «detraer los beneficios extraordinarios» de estas compañías y redirigirlos para "topar" el recibo del gas y reducir así la factura de la luz. "Se lo pueden permitir", advirtió el presidente.
Se espera que el Consejo apruebe tres bloques de medidas: fiscales, una revisión de la tarifa regulada y una tercera que obligue a las eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales. Según aseguró la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, permitirán reducir el recibo "en torno al 12%".
Una de las medidas fiscales, de hecho, ya está en marcha, pero se podría prolongar en el tiempo e incluso mantener de forma permanente. La reducción del IVA del 21% al 10% continuará, como poco, hasta diciembre, si bien ha terminado por resultar insuficiente ante la escalada de precios. El Partido Popular, que registró a principios de mes una proposición de ley con sus propias medidas, también contemplaba la consolidación de ésta. También se prorrogará la desaparición del impuesto de venta de la producción energética, del 7%, hasta el 31 de diciembre.
Asimismo, el Impuesto Sobre la Electricidad, que actualmente es del 5,11% se verá reducido, según anunció Pedro Sánchez en una entrevista en TVE: pasará a ser del 0,5%. "No me parece aceptable", dijo el presidente, que haya empresas que están teniendo "beneficios extraordinarios" derivados de la crisis energética. La idea, aseguró, es "detraer los beneficios extraordinarios" de estas compañías y redirigirlos para topar el recibo de la luz y del gas. "Se lo pueden permitir", sentenció Sánchez, que calcula que se detraerán unos 650 millones de euros del CO2 no emitido, y otro tanto del gas, a estas empresas. El Estado ha dejado de ingresar hasta ahora, con las medidas como la bajada del IVA, dijo Sánchez, unos 1.400 millones.
En lo que respecta a la revisión de la tarifa, Ribera ya abrió la puerta a hacerlo a finales de agosto. La idea es deshacer de alguna forma la vinculación del precio con el mercado mayorista y volver en cierto modo al sistema que funcionaba hasta 2013. De este modo, se vincularía el precio a futuros del coste de la energía, con lo que la factura sería más estable, sin cambios tan drásticos de un día para otro.
Esto únicamente afectaría a los clientes de tarifa regulada -es decir, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)-, unos 10 millones de personas en España o cerca de un tercio de los clientes. Los otros dos tercios tienen tarifa fija, que paga un precio fijo que se establece con cierta periodicidad (uno o varios años). Si bien suele ser algo más alto en épocas tranquilas, evita estas fluctuaciones. Varias eléctricas han anunciado en los últimos días una revisión de sus tarifas (se sitúan en torno a los 60 euros por megavatio hora) precisamente para atraer a los usuarios del PVPC al sistema fijo.
La tercera medida ya trató de incorporarla -sin éxito- el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y está recogida en la Ley del Sector Eléctrico de 2013, que da potestad al ministro competente para intervenir en el precio cuando falte liquidez o no haya competencia efectiva. Consiste en obligar a las grandes compañías eléctricas con relevancia en el mercado de la generación a que vendan parte de esta producción en subastas ajenas al mercado mayorista, que es el que ahora mismo está fijando los precios récord. Ribera solicitará a la CNMC que diseñe el mecanismo y justifique su implantación por falta de competencia.
En 2007, el Gobierno de Zapatero diseñó este mecanismo y Joan Clos, entonces ministro de Industria ordenó a Endesa e Iberdrola que subastasen parte de su producción entre comercializadores eléctricas independientes y grandes clientes. Sin embargo, las empresas comenzaron una batalla legal que terminó en el Supremo, que les dio la razón, pues consideraban que el precio que había fijado el ministerio era demasiado bajo, lo que permitía que se comprase y revendiese más alto. Para evitar que vuelva a darse esta situación, se espera que el Consejo de Ministros apruebe una herramienta similar, pero que no imponga precios.
PAGAR MENOS QUE EN 2018
A base de subidas constantes, y sin obviar una pandemia aún muy presente, el precio de la luz en el mercado mayorista se ha convertido poco a poco en una de las crisis más complejas para el Ejecutivo. La electricidad se disparó en abril y no ha dejado de aumentar desde entonces y agosto llegó a cerrar con una media de 105,94 euros. La comparación también es dura si se obvia el 2020 a medio gas: junio, julio y agosto fueron un 76,5%, 79,6% y 135,63% más caros que los mismos meses de 2019, respectivamente.
Tras dos semanas transcurridas, el precio medio de septiembre se va hasta los 142,58 euros, muy por encima de los 41,96 euros que costó la luz en el mismo mes de 2020 o los 42,11 de 2019. Es más, si la electricidad tuviese un coste de 0 euros durante los 16 días que quedan, el precio medio se quedaría en 66,54 euros, todavía más de un 50% por encima de los ejercicios previos.
La tendencia sigue siendo alcista y, de hecho, se espera que alcance su pico máximo en noviembre, cuando podría llegar a los 125 euros de media, para ahí ya sí comenzar a bajar, según informa Víctor Martínez. Eso sí, se tratará de un descenso muy gradual que no suavizará los precios hasta principios de 2023.
Durante la entrevista en la televisión pública, Sánchez matizó en varios ocasiones que la influencia del precio mayorista en el recibo de la luz no es tan grande y que es importante distinguir ésta del recibo final. Así, según los cálculos que mencionó, únicamente incide en un 20 o un 30%, pues, la factura incluye varios impuestos y costes adicionales que deberían rebajarse para alcanzar esa reducción a los niveles de 2018. En cualquier caso, el presidente matizó que este cálculo debería hacerse descontando el IPC.
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