El PP sacrifica a la jurista y ex ministra de Aznar en el acuerdo de renovación del organismo fiscalizador
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha logrado eliminar en la renovación del Tribunal de Cuentas a la ex ministra de Justicia del PP, Margarita Mariscal de Gante, encargada del juicio de los líderes del procés, incluido Oriol Junqueras. Gobierno y PP han acordado renovar por completo al Tribunal de Cuentas incluyendo esta figura clave para el independentismo y para el Gobierno. Fuentes del PP señalan que no ha sido necesario que el PSOE presionara en su contra, porque el acuerdo es que no haya personas con pasado político y en el caso de Mariscal de Gante, aunque remoto, lo tuvo. En el PP insisten en que sale por el deseo de Pablo Casado de que "no haya políticos ni ex políticos en su apuesta por la independencia judicial". Pero su cese en vísperas del juicio del procés supone una fuerte concesión de los populares, porque ahora tenía un papel relevante frente a los independentistas que deseaban su salida, al igual que el presidente del Gobierno.
Como presidenta del departamento segundo de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas le correspondió por turno juzgar y condenar a Artur Mas y su equipo a devolver 4,9 millones por la consulta ilegal de 2009 y su cese se produce cuando tenía la misión de iniciar del juicio a los acusados de malversar 5,4 millones en la acción exterior de la Generalitat por usar a Diplocat y las embajadas contra el Estado con dinero público.
Esta magistrada nacida en Madrid en 1954 fue ministra de Justicia en la primera legislatura de José María Aznar y fue elegida consejera del Tribunal de Cuentas en 2012, pero podía ser reelegida ahora y estaba dispuesta a continuar, según fuentes del organismo consultadas por este diario.
Sánchez ya había mostrado fijación personal con ella desde que el Tribunal de Cuentas entorpeció antes del verano su vía de diálogo con la solicitud de fianzas millonarias a una treintena de dirigentes independentistas, incluidos indultados por el Gobierno como Junqueras, Raül Romeva o Jordi Turull. «Es un anacronismo que una ex ministra de Aznar sea quien vaya a decidir sobre los expedientes de los ex responsables políticos de la Generalitat», criticó el presidente del Gobierno en declaraciones a La Sexta el pasado julio. Insistió en sede parlamentaria hasta provocar un comunicado del Tribunal de Cuentas. El organismo salió en su defensa recordando al presidente que "los Consejeros y Consejeras de Cuentas de la Institución son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, y son independientes e inamovibles conforme a la Constitución".
MANDATO DE NUEVE AÑOS
Son inamovibles hasta vencimiento del mandato de nueve años que concluyó el pasado julio. La Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas establece que todos sus miembros continúan en plenitud de funciones mientras no sean relevados y, de hecho, los actuales consejeros continuarán hasta que tomen posesión los nuevos. Lo que no tendrá ya tiempo Mariscal de Gante es de dirigir el juicio a los independentistas. Todos ellos se encuentran ya con fianzas depositadas o en proceso de evaluación bajo amenaza de embargo preventivo a la espera de sentencia. Si les fuera favorable, se desbloquearán sus bienes y si se les condena, los perderán para devolver el dinero malversado.
En cambio, ha sido renovada como consejera a propuesta del PSOE Dolores Genaro que carece de pasado de alto cargo político, pero que ha tenido un papel importante en el juicio del procés. Suyo es el voto particular en contra de que se acuse de malversación a los independentistas y es esgrimido por ellos para frenar el caso.
Un contrapunto para los independentistas sería el ascenso a consejero del actual fiscal del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, que también ha ejercido una línea dura en las causas del procés. Pero dejará su labor de fiscal y es improbable que sustituya a Mariscal de Gante en el procedimiento. En el proceso salen todos los consejeros actuales, incluido Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, salvo la mencionada Genaro y Enriqueta Chicano, que continúa a propuesta del PSOE y no ha desempeñado cargos políticos en el pasado.
La nueva lista la completan Isabel Fernández Torres (profesora de Derecho Mercantil de la UCM), Elena Hernáez Salguero (ex presidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad de Madrid), Diego Íñiguez Hernández (magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo), Rebeca Laliga Misó (subdirectora General del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia), José Manuel Otero Lastres (catedrático de Derecho Mercantil), Joan Mauri Majós (profesor de Derecho Administrativo Universidad de Barcelona), Javier Morillas Gómez (catedrático de Economía Aplicada), Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla (abogado del Colegio de Vizcaya) y Mª Luz Rodríguez Rodríguez (gerente tributaria de la Diputación de Barcelona), según el acuerdo. Ortiz de Mendívil es atribuido a Podemos que entraría así en el reparto. El PP considera igualado el equilibrio entre los propuestos por unos y otros.
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